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 LA LEY PARA LOS DE RUANA

Tribunal administrativo de Cundinamarca ordena suspender resolución que le permite seguir otorgando títulos mineros por tres años, pero Ministerio de minas anuncia que apelará esta decisión y no lo acatará


Esta es una decisión judicial que finalmente acepta que la política en materia minera tiene irregularidades sustantivas que deben ponerse en orden y para ello compromete a las instituciones mineras y ambientales para que de manera coordinada ordenen la casa antes de seguir otorgando títulos mineros.

Además, la sentencia entiende el interés superior del ambiente y exige al Estado una disciplinada labor de planeación. Ordenando que la política impulsada desde la autoridad minera atienda los instrumentos de planeación ambiental, sobre sobre los que hoy hay un enorme déficit en su efectivo desarrollo y aplicación. Por ejemplo, durante el litigio se allegó una información en donde se demuestra que el país sólo conoce el 21% de las fuentes de agua subterránea; que las CARs y la autoridad minera no tienen información completa sobre las bocatomas de agua, que suministran agua para el consumo humano; y, que no se han delimitado los humedales de este país.

También dice que el tribunal entiende que hay zonas excluidas de la minería por mandato legal, y otras zonas por su importancia ambiental deben agregarse al inventario de zonas excluibles, como por ejemplo humedales y las aguas subterráneas.

Finalmente reconoce que, al afectarse la naturaleza, se afecta el patrimonio público, en consecuencia, no se puede hacer un mal uso del patrimonio público del país.

Lo que más preocupa que a renglón seguido de la sentencia el Ministerio de Minas anuncia que no cumplirá con la sentencia porque es de primera instancia y que ellos recurrirán a esta segunda instancia en el Consejo de Estado.

Lo discutible no es que el ministerio apele la decisión sino la manera como plantean esta discusión, no puede ser que la máxima autoridad minera del país desconozca una discusión de fondo que tiene como presente múltiples conflictos territoriales por la imposición de títulos mineros en zonas donde no se puede hacer minería por su régimen de conservación y donde las comunidades no están de acuerdo. Esta cartera del gobierno claramente avanza en la configuración de un abuso de poder en virtud de los favores que hacen a las empresas mineras en el país.

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